Marzo – 2020

Columna de opinión

Columna de opinión

El proceso de transición demográfica en el que estamos inmersos está transformando las estructuras económicas y sociales de la mayoría de los países desarrollados. El aumento de la esperanza de vida en los últimos años se ha producido especialmente por la mejora de la calidad de la misma a edades avanzadas, y en los últimos veinte años la esperanza de vida a edades a partir de los 65 años es la que más se ha incrementado en términos relativos (un 24% más respecto a 1994 en media del grupo 65-99 años). Esto hace que una persona que cumpla 65 años, tenga aún por delante 21 años de vida.

Comparando el caso español con otros países industrializados, de cara a las próximas décadas nos enfrentaremos a un proceso más intenso y con mayor repercusión.

España destaca en este caso por ser el segundo país de la UE con mayor esperanza de vida al llegar a esta edad con 21,5 años y el tercero en el caso de las mujeres entre los países de la OECD, después de Francia y Japón.

Comparando el caso español con otros países industrializados, de cara a las próximas décadas nos enfrentaremos a un proceso más intenso y con mayor repercusión, provocado por tres factores. En primer lugar, España tiene una de las mayores esperanzas de vida del mundo, tanto al nacer como al llegar a los 65 años. Segundo, tenemos una de las tasas de fecundidad más reducidas de los países desarrollados (con 1,32 hijos por mujer en edad fértil) junto a una elevada edad en la maternidad. Y tercero, el proceso de envejecimiento avanza con cierto retraso con respecto a otros países debido a que las generaciones de los babyboomers llegaron más tarde, pero el peso de la población de mayor edad aumentará en las próximas décadas. Aunque el proceso migratorio de los años 2000 supuso el rejuvenecimiento de la población, según todas las proyecciones, España se enfrenta irremediablemente al proceso de envejecimiento de la población.

¿Son sostenibles nuestras pensiones?

En este contexto de incremento de la longevidad, bajas tasas de mortalidad y reducción de la natalidad se hace necesario centrar la atención en las pensiones. En la actualidad, el sistema de pensiones español tiene un desfase entre ingresos y gastos de alrededor de 18.000 millones de euros; cada mes, la Seguridad Social abona casi 6.000 millones de euros en pensiones. Este aumento del gasto ha disparado todas las alarmas en cuanto a la viabilidad futura de nuestro sistema de pensiones; de algún modo u otro y a todos los niveles, tanto político o empresarial, público o privado, individual o colectivo…, nos planteamos si nuestro sistema de prestaciones de la vejez es, no sólo viable, sino sostenible.

Ante este panorama, a priori poco esperanzador, el ciudadano de a pie se plantea cuánto le va a quedar cuando se jubile y si será suficiente, surgiendo, de este modo, la pregunta: ¿cómo planificamos, entonces, nuestra jubilación?

El coste económico que lleva aparejado el aumento en las expectativas de vida está asociado a los sistemas de protección de la vejez al llegar a la jubilación por lo que, en las circunstancias actuales, en España, en las próximas tres décadas, pasaremos de contar con dos cotizantes por pensionista a solo uno debido a la reducción de las pensiones en relación a los salarios.

Ante este panorama, a priori poco esperanzador, el ciudadano de a pie se plantea cuánto le va a quedar cuando se jubile y si será suficiente, surgiendo, de este modo, la pregunta: ¿cómo planificamos, entonces, nuestra jubilación?, ya que quienes aspiremos a un retiro sin ver empeorada nuestra calidad de vida cuando terminemos nuestra etapa laboral debemos comenzar (y cuanto antes, mejor) a trazar una estrategia de planificación financiera a largo plazo y acumular así un patrimonio del que se puedan obtener rentas complementarias a la pensión.

Se trata de adoptar un conjunto de medidas, complementarias entre sí, en el que el intercambio de experiencias con otros países y el estudio de otros mecanismos que han funcionado, puede ser de gran ayuda.

Sin embargo, la poca cultura financiera existente en España hace que apenas planifiquemos nuestro futuro económico a largo plazo y aunque la gran mayoría de los hogares españoles es consciente de que las pensiones públicas difícilmente puedan mantener en el futuro el nivel de prestaciones actual, existe poca preparación a la hora de elaborar un plan personal de ahorro y previsión para la jubilación.

La necesidad de un consenso

Es patente que se necesitan propuestas y medidas de reforma óptimas para adaptar el sistema de pensiones a las transformaciones demográficas y a la evolución del ciclo económico, de forma que se pueda asegurar la supervivencia del sistema a medio y largo plazo, pero eso conlleva, en primer lugar, un acuerdo consensuado de todos los agentes implicados: gobiernos, organismos, autoridades, administraciones, empresas, etc.; y en que hay que sentarse con voluntad de afrontar el problema más allá de intereses particulares o partidistas.

Aunque no existe una única medida que asegure la sostenibilidad del sistema de pensiones, tampoco hay una solución global que aplicada de forma estándar solucione el problema. Se trata de adoptar un conjunto de medidas, complementarias entre sí, en el que el intercambio de experiencias con otros países y el estudio de otros mecanismos que han funcionado, puede ser de gran ayuda, siendo elementos clave el potenciar el crecimiento y acelerar el empleo y la productividad como medidas asociativas. Pero, como se suele decir, eso es la segunda derivada.

El profesor de la Universidad de Córdoba analiza las particularidades del caso español en materia demográfica y cómo el futuro del sistema de pensiones dependerá de la adaptación y del consenso.